Las
suspensiones de parques amenazan proyectos industriales,
acuerdos de suministro de energía verde con Alcoa y pactos
económicos con concellos
29 sep
2024 . Actualizado a las 17:15 h.
Si
la tramitación de los proyectos que iban a protagonizar un
nuevo despliegue eólico en Galicia hubiese seguido un
desarrollo sin sobresaltos, la construcción de la mayor parte
de los parques de autorización autonómica —los que tienen un
límite máximo de 50 megavatios de potencia— estaría ya
arrancando sobre el terreno. Los plazos que maneja el sector
indican que, habitualmente, un año y
medio después de que los promotores reciban las
autorizaciones de construcción de los parques, y
tras salvar otros hitos indispensables, como las licencias
municipales, las
máquinas pueden empezar a operar sobre las ubicaciones
elegidas. La Xunta concedió a finales de abril del
2023 la luz verde a 75 proyectos, llamados a protagonizar un
nuevo despliegue de la industria del viento en la comunidad,
pero 17 meses
después, el aluvión de recursos judiciales y de medidas
cautelares dictadas por el Tribunal Superior de Xustiza de
Galicia (TSXG) dibujan un panorama bien distinto.
De parálisis total, tras el goteo de fallos adversos emitidos
por un tribunal que preside Francisco Javier Cambón y del que
forma parte también Luis Villares, quien fue candidato a la
Xunta por En Marea.
El
análisis de la información que ha divulgado el alto tribunal,
junto con la publicada en el Diario
Oficial de Galicia (DOG) evidencian que hay unos
60 parques eólicos suspendidos actualmente. En
el momento en el que recibieron las autorizaciones previas y
de construcción, esos recintos implicaban una inversión global
—de acuerdo con las cifras oficiales— de unos
1.300 millones de euros. Sin embargo,
si se tiene en cuenta el incremento de precios y la
volatilidad que han experimentado los suministros en el sector
—que según los expertos pueden rondar más del 30 %—, la
inversión escalaría hasta superar los 2.000 millones.
En conjunto, rondan los 1.700
megavatios en suspenso.
Los
proyectos paralizados han sido impulsados por 29 promotores,
aunque 22 de los cuales únicamente cuentan con uno.
Las empresas más afectadas por las medidas cautelares dictadas
por el TSXG —las primeras de ellas fundamentadas en que los
informes sectoriales tenían que haberse sacado a exposición
pública a la vez que los proyectos, y en los últimos meses por
el principio de precaución ante posibles daños ambientales
irreversibles— son cuatro. Green
Capital Power, filial de Capital Energy, asume el mayor
impacto, con 11 recintos suspendidos; seguido de
Greenalia, con 9; Naturgy, con 8; y Enel, con 6.
Necesidad
de energía verde
Además
del impacto económico directo que implica el frenazo al
sector, y la amenaza que supone para el proceso de
descarbonización de la comunidad, la parálisis energética
supone también un riesgo para su reindustrialización. Galicia
cuenta con una treintena de proyectos, presupuestados en más
de 6.000 millones de euros. Gran parte
de esas inversiones empresariales —tanto iniciativas nuevas
como ampliaciones de factorías ya en marcha— están vinculadas
al suministro de energía verde, por lo que el bloqueo del
sector podría poner en riesgo su ejecución.
De
hecho, algunos parques están asociados a través de PPA’s
(acuerdos de venta de energía renovable a largo plazo, por sus
siglas en inglés) con algunos de esos proyectos industriales.
Es el caso de tres de los seis de la filial de renovables de
Endesa, Enel Green Power, —los de Chao do Marco, Serra do
Colmo y San Cristovo—, vinculados al pacto con Alcoa. También
algunas de las futuras instalaciones de tramitación
autonómica de Greenalia están ligadas a esa factoría de
aluminio, aunque otras suyas, de tramitación
estatal, no están afectadas por el parón. Adicionalmente,
Greenalia también tiene firmado una PPA con Resonac, para
alimentar la futura fábrica de grafito de Resonac en A Coruña,
pero según reseña la propia compañía energética, tampoco se
verá comprometida por el bloqueo existente a nivel judicial,
ya que su tramitación también es de ámbito nacional.
Fuentes
de Capital Energy explicaron que, aunque no cuentan con
acuerdos de suministro de energía verde a largo plazo con
compañías gallegas, el parón de sus recintos eólicos sí tiene
una repercusión económica negativa para las arcas de los
municipios que los acogerían. Así, la
empresa firmó alianzas con administraciones locales para
cederles el 2,5 % de la facturación de cinco recintos de
aerogeneradores. En concreto, para lo parques de
Alvite II, Banzas, Troitomil, Estivada y Reboiro. Ahora, como
el resto de actuaciones ligadas al despliegue eólico, se han
quedado en suspenso. Y sigue sin verse la luz al final del
túnel.
Una
cadena logística paralizada y dificultades para acceder a la
financiación
La
inseguridad jurídica que caracteriza desde el pasado año al
eólico gallego trae de cabeza al sector, en todos los
sentidos. Los promotores padecen, entre otros, mayores
restricciones de financiación que en otras áreas del país.
Manuel Pazo, presidente de la Asociación Eólica de Galicia
(EGA), explica que en las
entidades financieras otorgan, como máximo, el 60 % de la
cobertura económica necesaria para la materialización de los
parques. Mientras, en otras
comunidades en las que están desplegando instalaciones de este
tipo, el porcentaje es mucho mayor.
La
incertidumbre instalada entre la treintena de empresas que han
sido adjudicatarias de recintos eólicos en Galicia por parte
de la Xunta por tener todos sus proyectos suspendidos ha
tenido además otro efecto pernicioso, la
volatilidad de los precios de los componentes. Si
el contexto internacional no ayuda, ya que materias como el
hierro o el hormigón, necesarias para construir los recintos,
han experimentado un encarecimiento en los últimos tiempos, el
bloqueo judicial viene a complicar aún más los suministros,
por la sencilla razón de que se desconoce cuándo se resolverá
este conflicto y los plazos condicionan, y mucho, los
presupuestos. Por eso, algunos suministradores ya recogen
cláusulas en las que advierten de que podrían producirse
revisiones al alza, dependiendo del incremento en las tarifas
de los productos requeridos.
Imposibilidad
en el diseño
«En
estos momentos, definir una obra es totalmente imposible»,
subraya Manuel Pazo. Y de ahí
que también los pedidos a la cadena logística del eólico,
que moviliza muchas actividades, se encuentren en punto
muerto. Para que se produzca el
desbloqueo de la situación del sector tendrá primero que
pronunciarse sobre la triple cuestión prejudicial planteada
por el TSXG, relativa a los plazos de exposición pública de
los informes sectoriales, pero después habrá de resolverse la
lluvia de contenciosos presentados por las organizaciones
ecologistas a los parques. «El sector
está hundido total», lamenta el presidente de la
patronal gallega.
Mientras, hace meses
que las empresas gallegas de todo tipo de actividades
vinculadas al eólico —desde
ingenierías hasta firmas metalúrgicas y de instalación, entre
muchos otros— buscan
en el exterior el trabajo que
aspiraban tener al menos durante algunos años en la comunidad.
